Gobierno sube la apuesta y apunta cada vez más duro contra el juez Claudio Bonadio. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, sostuvo hoy que el Poder Judicial "es una corporación que actúa de consuno con la oposición política y con los grupos económicos concentrados", y reiteró que la acción del magistrado en la causa que investiga a la empresa Hotesur "se trata de una estrategia de golpismo activo" para atacar al Gobierno.
"¿Por qué el juez BonadIo no emite allanamientos en más de 40 sociedades comerciales evaluadas por la Inspección General de Justicia?", interrogó el funcionario nacional al responder una consulta periodística desde Casa de Gobierno sobre la medida adoptada por el juez el pasado jueves con relación a la empresa Hotesur, de la cual es accionista la presidenta Cristina Kirchner.
Agregó que "sólo lo hizo con una sociedad", la de la Presidenta, y sostuvo que "es harto evidente" que se trata de una "acción intencionada con una finalidad política", que no es distinta de otras acciones que "viene haciendo en forma sistemática".
En su habitual conferencia de prensa matutina en Casa de Gobierno, Capitanich habló de los "irritantes privilegios" de los que gozan los miembros de Poder Judicial, y mencionó en este sentido que "no presentan declaración jurada, ni pagan impuesto a las Ganancias", además de haber tenido un "incremento de presupuesto y salarios, gracias a su política salarial autónoma".
"Todo el tiempo el Poder Judicial hace política partidaria y corporativa, defendiendo intereses propios y de grupos económicos concentrados. La independencia del Poder Judicial es sólo respecto del gobierno, y está bien que así sea, pero no de los grupos corporativos ni de la oposición política", señaló el jefe de Gabinete.
Capitanich ratificó que el accionar de Bonadio "se trata de una estrategia de golpismo activo del Poder Judicial", que actúa de común acuerdo con la "oposición política y grupos mediáticos concentrados" con el único fin de "hostigar al gobierno".
Por caso, Capitanich dijo que el Poder Judicial "cuidó los intereses del diario LA NACION, no aplicando los intereses resarcitorios estableciendo un irritante privilegio".
Sin embargo, el martes 28 de octubre pasado,la Corte restableció una medida cautelar que había dejado sin efecto la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en una causa iniciada por la AFIP.
El alto tribunal afirmó que el "levantamiento de la medida cautelar podría producir graves daños a las empresas periodísticas, que podrían derivar en su quiebra o desaparición y cuyos perjuicios también perjudicarían a toda la comunidad, por la afectación a la libertad de prensa".
