En la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, ya ingresó el pedido formal de suspensión para el fiscal Fernando Cartasegna, a quien la Justicia local pretende indagar en torno a las presuntas irregularidades que habría puesto al descubierto la auditoría ordenada desde la Fiscalía General Departamental de La Plata, con el aval de la Procuración bonaerense.

La solicitud, según fuentes de ese organismo, que encabeza Ulises Giménez, está fechada el 26 de junio pasado y lleva la firma del fiscal platense, Alvaro Garganta, quien está a cargo de la causa en la que acaban de imputar a Cartasegna y, a otras tres personas, por los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público, incumplimiento de promover la persecución y represión de delitos, violación de medios de prueba y falsedad ideológica de documentos públicos”.

Cartasegna, que sigue internado en una clínica psiquiátrica, ya tiene nuevos abogados: ayer se presentaron en la causa Fernando Burlando y Fabián Améndola

Ahora, agregaron los voceros, “se le debe dar impulso al trámite y, a través de un sorteo, se designa a quiénes va a integrar el jurado”.

“Después se cursan las respectivas notificaciones y se le hace saber al acusado de la existencia de una imputación en su contra para que ejerza el derecho de defensa en juicio”, señalaron.

Demás está decir que la suspensión no es la medida más gravosa que puede dictar la Secretaría de Enjuiciamiento, pero “sí la necesaria para que un funcionario judicial puede ser sometido a una indagatoria”, precisaron los informantes.

El procedimiento está previsto en el artículo 300 del Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires, que establece “cuando se formule la denuncia o querella privada contra un funcionario sujeto a juicio político o enjuiciamiento previo, el órgano competente la remitirá, con todos los antecedentes que recoja por una información sumaria, a la Cámara de Diputados, al Jurado de Enjuiciamiento o al organismo que corresponda.

Aquél sólo podrá ser sometido a proceso si fuere suspendido o destituido”.

Como adelantó EL DIA en su edición anterior, en las mismas actuaciones se llamó a indagatoria (artículo 308 del Código de Procedimiento Penal bonaerense), con fecha cierta, al secretario de Cartasegna, Leandro Carlos Milone; al auxiliar letrado de esa dependencia, Juan Manuel Valdés; y a la empleada de la mesa de entradas de la fiscalía 4, Estela Lavalle.

En el llamado a indagatoria, Garganta destacó que “de las pruebas reunidas” surgirían elementos como para sospechar que entre el año 2012 hasta la fecha en que el fiscal Cartasegna entró de licencia, en mayo último, luego de las amenazas y ataques denunciados, “se detectaron faltantes de elementos que servían de prueba en diferentes causas”, entre ellos unos cincuenta teléfonos celulares, unos 30.000 pesos, 2.000 Guaraníes y algunos dólares.

En el dictamen, el fiscal Garganta indicó que esos efectos y otros, como billeteras vacías, algunos DNI, CD,s y cámaras fotográficas, estaban en un armario de la oficina de Cartasegna, al que tenía acceso el titular de la fiscalía 4 y los otros tres imputados, señalaron las fuentes.

Además se indicó que estas irregularidades se habrían descubierto a partir de la intervención de otros fiscales que fueron designados en la fiscalía 4, tras la licencia de Cartasegna y que también motivaron una serie de cambios con respecto a su funcionamiento.