El Juzgado Federal de Primera Instancia de Rio Grande (Tierra del Fuego) procesó sin prisión preventiva a los ex militares Miguel Angel Garde, Belisario Affranchino Rumi, Gustavo Calderini y Eduardo Grassino por los tormentos cometidos en perjuicio de soldados conscriptos durante la Guerra de Malvinas.

En la causa participan el fiscal federal Marcelo Rapoport y la titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad Ángeles Ramos, quienes investigan cómo las autoridades militares habrían ordenado y ejecutado distintos delitos calificados como crímenes de lesa humanidad. La intervención de Ramos fue dispuesta mediante la resolución MP N° 116/2019 del procurador general interino Eduardo Casal, para intervenir en forma conjunta y/o alternada con Rapoport.

De acuerdo a la pesquisa, durante el conflicto bélico los militares realizaron todo tipo de tortura hacia sus propios soldados como forma de castigo

Los cuatro imputados formaron parte del Regimiento de Infantería N° 5 con asiento en Paso de los Libres (Corrientes), con el que fueron traslados a las Islas Malvinas con motivo de combatir por la soberanía y la posición del territorio en la guerra contra el Reino Unido durante abril y junio de 1982. De acuerdo a la pesquisa, durante el conflicto bélico los militares realizaron todo tipo de tortura hacia sus propios soldados como forma de castigo para controlar supuestas indisciplinas que generaban las penurias que padecía la tropa a causa de, principalmente, la falta de alimento y abrigo.

De los testimonios y las audiencias realizadas se desprenden casos de soldados estaqueados y entierros de combatientes en pozos, por plazos de más de ocho horas y bajo temperaturas extremas. En su resolución, la jueza Borruto dictó procesamientos por el delito de tormentos en concurso ideal con los de amenazas y abuso de armas: la resolución entendió que los hechos investigados son delitos de lesa humanidad. Sin embargo, consideró que otros crímenes que se les endilga a los acusados, como lesiones graves y gravísimas y vinculados a la pérdida de la vida de dos soldados, deberán ser objeto de más medidas de investigación.

La resolución del juzgado entendió que los hechos investigados son delitos de lesa humanidad

La magistrada destacó que “los imputados actuaron en conocimiento y bajo el amparo de un sistema que había suprimido la garantías de los ciudadano en general y que impedía la posibilidad de reclamar contra las acciones ilegítimas de las Fuerzas Armadas”.

Por último, el juzgado federal también resolvió trabar un embargo de cinco millones de pesos sobre los bienes de Garde y de un millón sobre los bienes de Gassino, Afranchino Rumi y Calderini.

El objeto procesal de la causa se centra en 26 hechos perpetrados en la Isla Gran Malvina, más precisamente en el ámbito de la Fuerza de Tareas Yapeyú, donde se desempeñó el Regimiento de Infantería 5 -dependiente a su vez de la III Brigada de Infantería- al que estaban subordinadas cinco compañías militares.