Todo comenzó el 3 de abril último, cuando una inspección en Bodegas y Viñedos Ángel Vargas SA, del departamento de San Martín, detectó una partida de vino adulterada con alcohol etílico, en vez del vínico previsto para el producto. La bodega fue clausurada automáticamente.

Sin embargo, semanas más tarde una inspección de rutina descubrió no sólo que la Bodega seguía comercializando su producto, sino que además había elaborado un sistema para burlarse de los controles.

En un tanque de casi 100.000 litros se había instalado un tubo metálico de 14 centímetros de diámetro, dentro del cual efectivamente había vino, mientras que el resto del piletón estaba lleno de agua.

El tubo era el único acceso al vino del tanque, dado que el resto de la estructura estaba cubierta. La idea de Vargas era burlar los controles de rutina efectuados por el INV durante la clausura.

El 3 de abril, cuando se inhabilitó a la empresa para mover sus productos, el tanque se encontraba lleno de vino, con lo cual se dedujo que el enorme faltante podría haber sido comercializado.

"La denuncia ya está presentada ante el Juzgado Federal N° 3 de Mendoza", contó el doctor Gabriel Bertranou, subgerente de Asuntos Jurídicos del INV, quien destacó que "nunca antes hubo una violación de clausura en la provincia".

Por este delito, encuadrado en la figura de "depositario infiel", el presidente de la empresa mendocina podría recibir entre dos y seis años de prisión, mientras que la primera infracción, "adulteración", implicaría una pena de entre tres y diez años.