Mediante un comunicado emitido por el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Corrientes, respecto de la situación que se ha planteado en Goya, respecto a los agravios e incluso la publicación del número de teléfono del juez que procesó al intendente kirchnerista, Gerardo Bassi, “expresa preocupación por la propagación que ha tenido en diversos medios de difusión, apreciaciones referidas a la actuación del Juez de Instrucción y Correccional N° 3 de la ciudad de Goya, Corrientes, Dr. Darío Alejandro Ortiz”. “MANIFESTAMOS nuestra profunda inquietud por los efectos que produce la denuncia mediática de la cual se hicieron eco algunos medios periodísticos, que genera un manto de sospecha sobre la honorabilidad y ética de jueces y funcionarios”, indican. El Colegio de Magistrados y funcionarios, sostiene que, “LA DENUNCIA MEDIATICA genera muchos efectos no deseados, aun para las propias personas involucradas y eso provoca mucha incertidumbre en la ciudadanía, en particular aquellos que puedan tener situaciones o causas en la justicia, no importando su rol en el proceso, pues produce pérdida de confianza en las instituciones. “Ante esta situación y con la única finalidad de informar adecuadamente y llevar tranquilidad a la ciudadanía, es que  DECIMOS: “La disconformidad con las decisiones judiciales se deben hacer saber a través de los RECURSOS, que son actos de carácter técnico que realizan los abogados que intervienen en la causa, quienes también tienen obligaciones que cumplir para con sus defendidos y en el desarrollo de la causa, a la cual tienen acceso y pueden notificarse, es decir, tomar conocimiento de las decisiones que se registran en su desarrollo. “Por lo tanto SOSTENEMOS que un juicio se desenvuelve con la participación responsable de todos sus operadores; jueces, fiscales, defensores, querellantes y los integrantes de la comunidad de trabajo, circunstancia que debe ser observada al momento de “juzgar”, las decisiones judiciales. “NO DESCONOCEMOS que estamos sometidos a un permanente y severo escrutinio de la ciudadanía, afirmación que no es una crítica, sino un reconocimiento de la responsabilidad en la función judicial. “SOSTENEMOS que, la  libertad de  prensa y el derecho a la información de los ciudadanos, dos derechos que van indisolublemente unidos, hacen a la esencia del sistema republicano y LOS RESPETAMOS.M“NO AVALAMOS conductas incorrectas, pero tampoco podemos guardar silencio ante situaciones que no contribuyen a preservar la confianza en las instituciones, más teniendo presente que los actos y decisiones jurisdiccionales del Juez de Instrucción y Correccional N° 3 de la ciudad de Goya, Corrientes, fueron controladas por las partes en función al respeto de las normas constitucionales y los Pactos Internacionales con jerarquía constitucional”, finaliza el documento emitido fechado el  1º de diciembre de 2016.