En el marco del complicado recuento de votos que ha dejado en stand by  el resultado electoral en suelo bonaerense y santafesino, la Justicia dispuso ayer que el juez federal Sebastián Casanello  quede a cargo de la denuncia que se presentó el mismo domingo para investigar las irregularidades sucedidas en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La causa, que lleva el número 11487/2017, fue realizada por el abogado Antonio Liurgo, quien pidió que se establezcan una serie de medidas tendientes a esclarecer la posibilidad de que en las PASO se hayan cometido manipulaciones en la carga de datos, haciendo hincapié en las responsabilidades de los funcionarios encargados de controlar el acto electoral. El letrado fue más allá incluso, y expresó que el caso puede llegar a involucrar hasta al propio Presidente Mauricio Macri, ya que pidió que se indague si el jefe de Estado estaba en conocimiento de este accionar que supuestamente se habría llevado adelante desde oficinas públicas.

Liurgo advirtió además sobre “una abortada información a la ciudadanía respecto de los resultados, manipulando los datos ingresados en forma direccionada en el centro de cómputos”. Por eso, afirmó que los involucrados podrían haber incurrido en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y eventual fraude.

De acuerdo a lo presentado en Tribunales, el abogado aseguró que las anomalías “que hemos presenciado por TV, además de vender una realidad publicitaria, culminaron con la abrupta decisión de suspender la carga cuando faltaban los votos por los que el oficialismo indudablemente había perdido la elección”.

En la denuncia se especifica que “esta abrupta decisión de omitir la información y judicializar sin incorporar la documentación que acredita puede constituir una maniobra de fraude, incluso que la carga realizada por la empresa Indra SA y el Correo Argentino ya hubieren modificado en perjuicio del verdadero resultado de la Elección”.

De acuerdo al denunciante, “esta maniobra debería ser investigada”, sobre todo si se tiene presente el vínculo de Macri “con el Correo, en cuya Dirección se encuentra operando el mismo plantel que estaba cuando era concesionaria privada del Estado, con las consecuencias que son de dominio público” .