En septiembre pasado, el Gobierno había dispuesto dos aumentos para las tarifas de internet, telefonía fija y móvil, y televisión por cable y satelital de casi el 9% que iban a regir en octubre y diciembre.

En ese momento, las grandes operadoras de telecomunicaciones rechazaron la recomposición dispuesta a través de una resolución del Ente Nacional de Comunicaciones y el impacto de las subas quedó limitado a los clientes de pequeñas y medianas empresas y cooperativas mayormente ubicadas en el interior del país.

La negativa de los principales players del sector a aplicar este incremento se debe a que desconocen la autoridad del Enacom para establecer políticas comerciales.

Lo vienen haciendo bajo el amparo de las medidas cautelares obtenidas de varios jueces contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/20, que en el 2020 declaró como servicios públicos a las telecomunicaciones e Internet durante la pandemia de Covid-19 y que, entre otras medidas, frena los aumentos de tarifas definidos de manera independiente por cada una de las operadoras del sector.

Ahora, las compañías preparan un retoque de casi el 25% para iniciar el 2023 como forma de recomponer en parte sus costos, que vienen creciendo a la par de la inflación mensual que apunta a terminar el año en torno al 90%.

Ya se anuncian los aumentos

El puntapié de esta suba lo dio Movistar, que ya le informó a sus clientes de que a partir de enero deberán abonar una tarifa 23,5% más cara que la actual.

"Se trata de una actualización en nuestros precios de servicios móviles que se pondrá en marcha desde enero de 2023, iniciando el día que corta el ciclo de facturación de cada cliente", explicaron desde la compañía propiedad del grupo español Telefónica.

Si bien desde Telecom aseguraron que no tienen novedad "por ahora" sobre posibles retoques, es de esperar que los precios de Personal también se modifiquen con el inicio del nuevo año, al igual que podría suceder con las facturas de Claro.

Hasta ahora, las operadoras líderes del sector vienen estableciendo sus propios senderos de retoques en sus facturas con subas superiores a las permitidas por el Gobierno y similares a la evolución de la inflación.

Lejos de la inflación

En este sentido, acumulan más de un 60% de aumento en sus servicios de telefonía celular, con el último retoque del 10% que definieron en noviembre pasado.

En enero y abril habían hecho lo mismo, con aumentos del 13% y el 16% respectivamente, siempre por fuera de lo que autoriza el Enacom que, en el mismo período, oficializó subas cercanas al 57%, siguiendo los lineamientos del decreto presidencial de agosto del 2020 que generó un fuerte rechazo en el sector al punto que se unificó el reclamo sobre el impacto que la decisión tendrá en las inversiones.

Como respuesta, las telcos se presentaron ante la justicia y obtuvieron recursos de amparo contra la decisión presidencial, argumentando también que se trata de un negocio en competencia, con precios libres y no un servicio público al estilo de lo que el DNU 690/20 entiende.

Los juzgados avalaron esa postura y suspendieron la aplicación del decreto por entender que es inoportuno e innecesario y altera las condiciones bajo las cuales fueron regulados y organizados los servicios TIC; se desentiende del costo real de organización, instalación, prestación y mantenimiento de esos servicios y desconoce la posibilidad de obtener una renta razonable.

Fallos contra el DNU 690

Es más, hace unas semanas Telecom logró que se mantenga la resolución del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 8 que en la causa que involucra a la empresa y el Enacom, resolvió prorrogar nuevamente la vigencia de la medida cautelar otorgada en contra del Decreto 690 por el plazo de seis meses.

A esto se suma un fallo de la Corte Suprema en la misma causa por la cual el máximo tribunal de justicia del país también desestimó los recursos de queja interpuestos por el Estado Nacional y el Enacom contra la sentencia de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que les había denegado los recursos extraordinarios en contra de la sentencia de dicha Sala que hizo lugar a la apelación interpuesta por la sociedad, revocó la decisión de la instancia de origen y admitió la medida cautelar peticionada por Telecom Argentina, ordenando la suspensión de los efectos de los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Decreto 690/2020 y de las Resoluciones ENACOM Nros. 1466/2020, 1467/2020 y 204/21, y su consiguiente inaplicabilidad con relación a la empresa.

El fallo debilita la postura del gobierno del presidente Alberto Fernández, que durante la pandemia declaró por decreto "servicio universal" a las telecomunicaciones y le dio poder al Enacom como regulador de las políticas comerciales del sector privado.

Es decir, con las cautelares logradas en la justicia queda claro que el ente que preside Claudio Ambrosini no tiene facultad para fijar los parámetros de las estrategias de precios de las operadoras.

En tanto, desde el Gobierno reconocen que el Enacom "no puede hacer nada" para obligar a las operadoras a establecer el nuevo cronograma de valores "ya que es la justicia la que nos está diciendo que no lo podemos hacer".

Fuente:IP