El proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 13 años enviado la semana pasada será tratado en la Cámara de Diputados a partir del miércoles en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia y Presupuesto y Hacienda el 31 de julio a las 12:30 en el anexo C.

La propuesta del Poder Ejecutivo basada en la premisa "delito de adulto, pena de adulto", propone un nuevo régimen penal juvenil para jóvenes de entre 13 y 18 años "cuando fueran imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro".

En cuanto a las penas, el proyecto detalla que podría reemplazarse la prisión por una amonestación, monitoreo electrónico, prohibiciones específicas (como salir del país o conducir un vehículo) o la prestación de servicios a la comunidad solo cuando el delito "supere los 3 años de prisión y hasta un máximo de 6 años, y ninguno de los hechos reprochados haya implicado la muerte de la víctima, una grave violencia física o psíquica sobre las personas".

También "si se tratare de delitos culposos, no existieran lesiones gravísimas ni se haya causado la muerte o un daño psíquico grave a la víctima y el adolescente imputado no registraré condenas u otros procesos en trámite".

En el caso de la pena privativa de la libertad, se explica que podrá realizarse en el domicilio, en un instituto abierto, en un instituto especializado de detención o en una sección separada de un establecimiento penitenciario adecuada para el tratamiento de adolescentes.

"La decisión deberá ser tomada por el tribunal o juez en una resolución en el que se expongan los motivos que justifican la privación de la libertad y deberá indicarse el lugar de cumplimiento", especifica el documento.

Los puntos claves del proyecto

No estará admitida "la imposición de las penas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua" detalla el proyecto y se explica que el plazo máximo de condena, será de 20 años.

Otro párrafo agrega que cuando el adolescente cumpla de 2 a 3 años de la pena que reciba "y se dieran las circunstancias previstas en el Código Penal" podrán otorgarle la libertad condicional.

En caso de encarcelamiento se indica que los adolescentes no deben ser puestos en los mismos pabellones que los adultos y deben alojarse "en un instituto adecuado" o en una sección separada".

"La finalidad del régimen de responsabilidad penal juvenil es fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social", argumenta el proyecto.

Entre las medidas complementarias figuran "el asesoramiento, orientación o supervisión periódica de un equipo interdisciplinario; la asistencia a programas educativos, de formación ciudadana, de capacitación laboral, deportivos; y la participación en un tratamiento médico o psicológico por el plazo que los profesionales de la salud estimen necesario".

El proyecto sienta sus bases en la denuncia de que "actualmente, los delitos cometidos por adolescentes de menos de 16 años quedan impunes", lo cual "genera una situación de injusticia, que perciben tanto las víctimas como la sociedad en general".

Y agrega que el piso actual de 16 años para ser imputable está alejado de los otros países de la región, como en Chile, Colombia y Perú, donde es de 14 años; Guatemala, Nicaragua y Uruguay, a los 13 años; Brasil y México, a los 12 años; y Granada y Trinidad y Tobago, a los 7 años.

Fuente: BAE