Con una ley vigente desde hace años, pero con limitaciones evidentes en cuanto a la facturación y la reinversión de los recursos, las autoridades y expertos en salud apuntan a que la actualización de esta normativa no solo garantice una mayor justicia financiera, sino que también refuerce la calidad asistencial en el hospital. La propuesta, en tratamiento en la Cámara de Diputados, se perfila como un instrumento esencial para equiparar la atención del sector público con las crecientes demandas tecnológicas y de calidad.

Corrientes es una de las pocas provincias en el nordeste argentino que cuenta con una ley de arancelamiento hospitalario vigente, lo que ha permitido al Hospital Regional de Goya facturar a las obras sociales por la atención prestada en el ámbito público. Sin embargo, esta legislación antigua presenta diversas limitaciones, entre ellas la incapacidad para aplicar cobros a pacientes extranjeros y la diferencia en la valorización de los servicios prestados en comparación con el sector privado. Estas deficiencias han generado la necesidad de revisar y actualizar el marco legal para que se adapte a las exigencias actuales en materia de salud.

El Director del Hospital Regional de Goya, el Dr. Raúl Martínez, ha sido un firme defensor de esta renovación legislativa, señalando que el hospital debe contar con herramientas que le permitan garantizar una atención de calidad y, al mismo tiempo, disponer de los recursos necesarios para su reinversión. Según sus palabras: “La provincia de Corrientes es una de las pocas del nordeste que tiene vigente una ley de arancelamiento hospitalario. A nosotros nos permite como hospital público poder facturarles a las obras sociales que se atienden dentro del Hospital Regional de Goya”.

Esta reforma se plantea no sólo como un ajuste contable, sino como un cambio estructural que reconozca la complejidad de la gestión hospitalaria, integrando tanto los aspectos clínicos como los administrativos.

SEGURIDAD JURÍDICA Y DIFERENCIACIÓN DE GASTOS

Uno de los principales beneficios de la nueva ley es la consolidación de la seguridad jurídica para el hospital, lo cual se traduce en la posibilidad de facturar de forma transparente y diferenciada. Según explicó el Dr. Martínez: “Esto nos da una seguridad jurídica, que podamos facturar una práctica médica y, obviamente, esa práctica está separada en una parte los gastos hospitalarios y en otra los honorarios profesionales”.

Esta diferenciación es fundamental para la administración del hospital, ya que permite separar los recursos destinados a la atención directa de los pacientes de aquellos que deben reinvertirse en la infraestructura y en el mantenimiento de equipos críticos. En la práctica, el sistema actual distribuye los honorarios profesionales a través del recibo de sueldo de cada profesional, mientras que el gasto hospitalario se utiliza para financiar insumos, medicamentos, servicios generales y el pago del personal no profesional, tales como electricistas, mucamas y enfermeros.

El Dr. Martínez resaltó que este mecanismo facilita la reinversión de recursos en áreas esenciales y permite que el hospital mantenga estándares elevados de calidad, a pesar de las limitaciones presupuestarias que a menudo enfrenta el sector público.

IMPLICANCIAS DE LA NUEVA LEGISLACIÓN EN LA GESTIÓN HOSPITALARIA

El proyecto de ley en discusión no sólo tiene implicancias financieras, sino que también representa un paso hacia la equidad en la atención médica. La propuesta busca que el hospital pueda cobrar de manera justa a las obras sociales, mientras que se garantiza que los pacientes sin recursos o sin cobertura sigan recibiendo atención gratuita. El Dr. Martínez subrayó este aspecto fundamental: “Los honorarios profesionales hoy día el Estado paga a los profesionales a través de su recibo sueldo. En su sueldo tiene sumado los honorarios profesionales que él mismo generó dentro del hospital público, el resto, el dinero que es el gasto hospitalario, es lo que vuelve al hospital y, obviamente nosotros, a partir de allí reinvertimos el dinero en los gastos, ya sea parte de descartables, medicamentos. Y también hay una parte que se distribuye dentro del personal no profesional del hospital”.

Esta estructura asegura que el “dinero recaudado se reinvierta de manera equitativa en la mejora de la infraestructura y en el soporte del personal que, muchas veces, trabaja en condiciones difíciles para brindar una atención de calidad”. Además, se busca evitar que el Estado tenga que cargar con todo el peso financiero, promoviendo una participación más activa de las obras sociales en el financiamiento de los servicios hospitalarios.

CASOS CONCRETOS

Para ilustrar la relevancia de esta reforma, el Dr. Martínez relató un caso emblemático que evidenció las falencias del sistema actual. Un paciente proveniente de Alemania, tras sufrir un evento cardíaco y ser inicialmente atendido en el sector privado, fue trasladado al Hospital Regional para recibir terapia intensiva. En este caso, el gasto hospitalario se cobró de manera voluntaria, ya que la ley vigente no contemplaba la posibilidad de exigir el pago de forma obligatoria.

“Tuvimos un ejemplo claro, vino un señor de Alemania y tuvo un evento cardíaco; fue atendido inicialmente en un sector privado y luego necesitó terapia intensiva, siendo derivado al Hospital Regional. El gasto hospitalario terminó siendo un aporte voluntario. La persona, agradecida por la atención de calidad, terminó pagando, pero fue una decisión personal y no una obligación legal”.

Este relato no solo evidencia la calidad del servicio prestado por el hospital, sino también la necesidad imperante de contar con un marco normativo que permita cobrar de forma justa a aquellos pacientes con capacidad económica, sin afectar el principio fundamental de la salud pública, que es atender a quienes más lo necesitan.

DESAFÍOS EN LA VALORACIÓN DE SERVICIOS Y LA COMPARACIÓN CON EL SECTOR PRIVADO

Uno de los temas recurrentes en la discusión sobre el arancelamiento hospitalario es la diferencia en la remuneración entre la atención prestada en el sector público y la privada. El Dr. Martínez expuso que, aunque el hospital ofrece servicios de alta calidad, en áreas como el sistema de imágenes y especialidades como pediatría y neonatología, la ley actual no permite una correcta valoración de estos servicios.

“Hoy tenemos muy buen servicio con habitaciones individuales si alguien lo requiere, que eso lo cobra la operadora. Tenemos un sistema de imágenes muy avanzado y un número importante de servicios donde el hospital tiene más calidad que el privado, pero cuando llega la hora de cobrar, nos pagan menos que en el privado y no hay un arancel que nos nivele en lo que es servicio y lo que es calidad de atención”, manifestó el director.

Esta disparidad no solo afecta la sostenibilidad económica del hospital, sino que también genera una brecha en la percepción de la calidad del servicio, ya que el personal médico y técnico que trabaja en ambos sectores se enfrenta a una valoración económica diferente. La reforma legislativa aspira a corregir estas desigualdades, promoviendo una “distribución equitativa de los recursos” que permita mantener y mejorar la calidad asistencial en el sector público.

IMPACTO EN LA REINVERSIÓN Y LA MEJORA DE SERVICIOS

El sistema de arancelamiento hospitalario actualizado es visto como una herramienta clave para asegurar la reinversión de recursos en áreas estratégicas del hospital. La fórmula actual, aunque funcional en algunos aspectos, limita la capacidad del hospital para adaptarse a los crecientes costos de insumos y tecnologías médicas.

“Mantener la flota de ambulancias de alta complejidad, por ejemplo, cuesta mucho dinero. Y asegurar que el personal – choferes, enfermeras, agentes sanitarios y médicos – esté capacitado y disponible es un desafío constante. Con la nueva ley, esperamos que el hospital reciba un aporte económico más justo que nos permita seguir invirtiendo en la actualización de equipos y en la mejora de la infraestructura,” explicó el Dr. Martínez.

El plan de reforma contempla también una revisión del “vademécum” de aranceles, que actualmente resulta obsoleto y desfasado. Se trata de ajustar los valores que se cobran por cada práctica médica, de forma que reflejen el costo real de los servicios prestados y permitan que el hospital cuente con los fondos necesarios para reinvertir en tecnologías de punta y en la formación continua del personal.

GARANTIZANDO LA ATENCIÓN GRATUITA PARA QUIENES MÁS LO NECESITAN

Un pilar fundamental de la salud pública es garantizar que todos los ciudadanos, especialmente aquellos sin recursos o sin cobertura de obra social, puedan acceder a una atención médica de calidad sin restricciones económicas. El Dr. Martínez enfatizó que, a pesar de la reforma en el arancelamiento, el compromiso del hospital sigue siendo brindar asistencia gratuita a quienes realmente lo requieren.

“Se le puede pedir la colaboración, pero nada más. Tenemos asistentes sociales que verifican si el paciente cuenta o no con recursos, obra social o prepaga. A partir de esa evaluación, el paciente puede recibir atención gratuita, manteniendo siempre la premisa de que la salud pública es un derecho y no un privilegio,” subrayó el director.

Esta política de diferenciación permite que el hospital siga cumpliendo su misión social, garantizando que las mejoras en la recaudación no afecten la atención a los sectores más vulnerables de la población.

REFUERZO DE LA ATENCIÓN EN SITUACIONES CRÍTICAS

El área de terapia intensiva, junto con otros servicios críticos como la neonatología y la pediatría, es uno de los mayores desafíos financieros para el hospital. Los costos asociados a la atención en estas áreas son significativamente altos, y la actualización del arancelamiento se presenta como una solución para sostener económicamente estos servicios vitales.

“Hay internaciones en servicios críticos, como la terapia intensiva adulta, que implican el uso de insumos y descartables de alto costo. El arancelamiento actualizado nos ayuda a reinvertir en estos servicios y a mantener el nivel de calidad que caracteriza al Hospital Regional”, comentó el Dr. Martínez.

Este enfoque no solo permite responder de manera efectiva ante emergencias médicas, sino que también garantiza que, en situaciones de alta demanda, el hospital cuente con los recursos necesarios para operar con la máxima eficiencia, protegiendo la salud y la vida de los pacientes.

ESQUEMA DE VACUNACIÓN

Además de abordar la reforma del arancelamiento, el Dr. Raúl Martínez destacó la importancia de mantener y fortalecer el esquema de vacunación, especialmente ante el reciente brote de sarampión. Según el director, el calendario nacional de vacunación sigue siendo la guía fundamental para evitar la propagación de enfermedades contagiosas.

“En principio, el esquema de vacunación sigue vigente a través del calendario nacional. Las mamás tienen que saber que sus niños tienen que estar vacunados como corresponde, porque, de lo contrario, pueden aparecer brotes emergentes de sarampión u otras enfermedades contagiosas”, advirtió.

Martínez recordó que las vacunas, aunque no evitan la aparición de la enfermedad, sí reducen drásticamente la gravedad de los cuadros clínicos, lo que ha sido comprobado en la experiencia con el COVID y otras infecciones. Además, enfatizó que el acceso gratuito al calendario de vacunación es una herramienta crucial para la prevención y la salud pública.

Dirección de Prensa – Municipalidad de Goya.