Según el informe técnico, el monto determinado por los perjuicios ocasionados al Estado asciende a 684.990.350.139,86 millones de dólares, cifra que representa el decomiso económico solicitado por el tribunal en el marco del fallo condenatorio.

Tras la presentación del informe final, la Justicia otorgó un plazo de 10 días hábiles a los implicados para efectuar la devolución del total estipulado. En caso de incumplimiento, se dará inicio a la etapa de ejecución de bienes, lo que podría derivar en la subasta pública de propiedades y activos pertenecientes a los condenados.

La causa Vialidad investigó presuntas irregularidades en la asignación de obra pública durante los mandatos presidenciales de Cristina Kirchner en favor del empresario Lázaro Báez, también condenado en el proceso. Este nuevo avance marca un punto clave en el proceso judicial, que ahora busca efectivizar la recuperación de los fondos públicos.