El Juzgado con Competencia Administrativa Nº 2 de Corrientes hizo lugar parcialmente a la demanda presentada por la madre de José María “Kevin” Candia, un joven interno que falleció el 21 de abril de 2020 en la Unidad Penal Nº 1, durante un enfrentamiento entre internos y fuerzas de seguridad en el contexto de la pandemia por COVID-19.

La sentencia atribuyó responsabilidad objetiva al Estado Provincial por falta de servicio y ordenó el pago de una indemnización en concepto de daño material y daño moral. El reclamo había sido iniciado en 2023 y tramitó bajo la modalidad de juicio por audiencias, incorporándose pruebas producidas tanto en el expediente civil como en la causa penal.

En sus fundamentos, el tribunal sostuvo que el Estado incumplió su deber de garantizar la seguridad y la vida de las personas privadas de la libertad, y remarcó que no se acreditó que la víctima hubiera participado de un motín ni que estuviera agrediendo a personal de seguridad u otros internos al momento de recibir el disparo.

Asimismo, la jueza rechazó el planteo del Estado Provincial que solicitaba esperar la resolución de la causa penal, al considerar que se trata de un reclamo por responsabilidad objetiva, donde no es necesario individualizar al autor del hecho ni probar la culpa de un agente en particular. En cuanto a los reclamos de otros familiares, el juzgado descartó el daño psicológico solicitado por los hermanos al no haberse acreditado secuelas clínicas vinculadas al suceso.