El fallo fue emitido por la justicia británica, que determinó que el Estado argentino manipuló las estadísticas de crecimiento económico difundidas por el INDEC durante la gestión kirchnerista, con el objetivo de mantenerlas por debajo del umbral que habría activado el pago de intereses correspondientes a 2013.

El reclamo se originó durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y tiene como principal demandante al fondo Palladian Partners, junto a otros inversores. Estos buscan que la sentencia londinense sea reconocida por tribunales estadounidenses, lo que les permitiría avanzar en la localización y eventual embargo de activos argentinos en ese país para cobrar la deuda.

Desde la Procuración del Tesoro, organismo a cargo de la defensa legal del Estado, señalaron que Argentina resistió activamente la ejecución del fallo y sostuvo su posición jurídica amparándose en los límites que impone la legislación estadounidense en materia de inmunidad soberana. No obstante, ante la falta de pago, los beneficiarios del fallo ya firme e inapelable avanzaron con acciones judiciales en Estados Unidos.

El analista Sebastián Maril, director regional de Latam Advisors, recordó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya había advertido que Argentina debía resolver este conflicto, dado que no contaba con más instancias legales para apelar la sentencia.

En un informe reciente, el FMI recomendó continuar con esfuerzos de buena fe para alcanzar un acuerdo rápido sobre las condiciones de pago del fallo emitido en Londres. Sin embargo, tras la publicación del documento, los beneficiarios de la sentencia desmintieron al organismo internacional y aseguraron que no existen negociaciones en curso con la República Argentina para resolver los atrasos mediante un plan de pagos.

El conflicto por el Cupón PBI se remonta a los bonos emitidos durante las reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010, que contemplaban pagos adicionales si la economía argentina superaba determinados niveles de crecimiento. En 2014, el INDEC modificó la base de cálculo del Producto Bruto Interno, lo que impactó sobre las estadísticas de años anteriores, incluido 2013, y derivó en el actual litigio. El FMI reiteró que el país debería resolver el pago a los acreedores a la mayor brevedad posible.

Fuente: C3