El crimen de Cristian Eduardo Pereyra se convirtió rápidamente en un caso que expone varias de las tensiones sociales y económicas del presente. Pereyra, docente de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, vivía en Virrey del Pino y, como tantos trabajadores, había recurrido al pluriempleo para sostener su economía familiar. Conducía un Chevrolet Corsa II como chofer de una aplicación durante la madrugada del domingo cuando fue víctima de un violento asalto.

Tenía 39 años, era padre de una hija y era muy querido por su comunidad. En paralelo a su trabajo docente, acumulaba preocupaciones económicas, entre ellas una multa municipal de 142 mil pesos en el distrito de Presidente Perón por haber superado por apenas once kilómetros el límite de velocidad.

El presunto asesino no sería un delincuente común. La investigación apunta a Matías Alejandro Vizgarra Riveros, de 23 años, oficial de la Policía Bonaerense que integraba la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), con base en Puente 12. Vizgarra también es oriundo de Virrey del Pino y vive a unas 25 cuadras de la casa de Pereyra.

El joven policía fue identificado rápidamente por los investigadores: figuraba con nombre y apellido como el último pasajero en el registro del viaje solicitado a las 3:45 de la madrugada del domingo, con destino a la calle Los Jazmines, en la zona de Merlo. El fiscal Adrián Arribas, a cargo de la investigación en la UFI de Homicidios de La Matanza, lo confrontó ese mismo domingo en la base de la UTOI. Según fuentes del caso, su relato comenzó a mostrar inconsistencias. Minutos después, por orden del fiscal, fue detenido por sus propios compañeros.

Mientras tanto, el Chevrolet Corsa de la víctima fue hallado por personal de la Policía Federal Argentina en la esquina de Coronel Espejo y El Airampú, en Ciudad Evita, a unas quince cuadras de la base policial. El vehículo todavía tenía la patente colocada y en la luneta trasera se veía un sticker con la leyenda “bebé a bordo”. En el baúl, los peritos detectaron un orificio compatible con un impacto de bala, aunque todavía se espera el informe balístico final.

Uno de los ejes que analiza la Justicia es la situación económica del acusado. Según registros crediticios, Vizgarra acumuló en el último mes deudas superiores a los 1,7 millones de pesos con préstamos del Banco Provincia, billeteras virtuales y empresas de microcréditos. Además, tendría otros 190 mil pesos pendientes con otra firma financiera. De acuerdo con fuentes de la investigación, el monto total supera ampliamente su salario mensual.

En el marco de la causa, el fiscal Arribas ordenó el secuestro del teléfono celular del acusado y la realización de un dermotest para detectar posibles restos de disparo en sus manos. Las muestras fueron tomadas por especialistas del área de Búsqueda de Evidencias de la Policía Federal mediante tiras adhesivas de carbono y gasas.

También fue incautada la pistola reglamentaria Bersa calibre 9 milímetros que Vizgarra llevaba al momento de su detención. En el cargador se encontraron 13 balas, por lo que el policía deberá explicar el faltante de munición.

Pereyra había sido encontrado por personal de la comisaría de Virrey del Pino aún con vida, gravemente herido, sobre la Autopista Presidente Perón a la altura de la Ruta 3, en dirección a Ezeiza. Antes de ser trasladado, alcanzó a relatar que había sufrido un asalto durante el viaje y que otras personas habrían abordado el vehículo.

Sin embargo, murió poco después de la llegada de la ambulancia. El primer informe forense determinó que presentaba cuatro heridas de bala en el tronco y en los brazos. La investigación ahora busca reconstruir con precisión qué ocurrió durante ese último viaje y si hubo más personas involucradas en el ataque.