La Justicia argentina avanzó en una causa de alto impacto dentro del sistema de salud al dictar el procesamiento de dos profesionales vinculados al Hospital Italiano, acusados de desviar medicamentos anestésicos para fines no médicos. El juez Javier Sánchez Sarmiento imputó formalmente al anestesista Hernán Boveri y a la exresidente Delfina Lanusse por el delito de administración fraudulenta, en el marco de una investigación que expone graves fallas en los controles internos.

La resolución judicial incluye medidas cautelares estrictas: ambos imputados tienen prohibida la salida del país y se ordenaron embargos millonarios sobre sus bienes, con el objetivo de asegurar su sujeción al proceso.

Según la fiscalía, los acusados habrían aprovechado su acceso privilegiado en el área de anestesiología para manipular los registros y extraer fármacos de alta peligrosidad, como el propofol, un potente agente hipnótico de uso hospitalario. Las sospechas surgieron tras auditorías internas que detectaron inconsistencias entre los registros de quirófano y el stock real de la farmacia central.

La investigación dio un giro más grave cuando aparecieron testimonios y evidencia digital que sugerían el uso recreativo de estos medicamentos en encuentros sociales. Esta práctica, considerada extremadamente riesgosa, puede derivar en paros cardiorrespiratorios si no se cuenta con asistencia médica adecuada.

Frente a estos hallazgos, el hospital decidió desvincular a Lanusse y suspender preventivamente a Boveri. Además, la institución se presentó como querellante en la causa, buscando preservar su prestigio y colaborar con el esclarecimiento de los hechos.

El caso pone en el centro del debate la responsabilidad ética de los profesionales de la salud. El propofol, lejos de ser una sustancia de uso trivial, representa una herramienta crítica en procedimientos médicos, y su utilización indebida constituye una de las faltas más graves en la práctica médica.

Este procesamiento sienta un precedente en la persecución de delitos dentro de organizaciones sanitarias, subrayando que el conocimiento técnico no exime de responsabilidad penal cuando se vulneran los principios fundamentales del cuidado de la vida.

Fuente: NA