El caso de Ángel Nicolás López, el niño de 4 años que murió el pasado 6 de abril en Comodoro Rivadavia, dio un giro clave en la investigación judicial. Luis Armando López, padre del menor, con el patrocinio del abogado Roberto Castillo, solicitó la inmediata imputación y detención de Maicol González, padrastro del niño, y de Mariela Beatriz Altamirano, su madre biológica. La acusación es de extrema gravedad: homicidio agravado en concurso con abandono de persona seguido de muerte.

La presentación judicial sostiene que el fallecimiento no fue un hecho accidental, sino el resultado de una serie de conductas violentas y omisiones que se extendieron durante meses. Según el escrito, se trató de una “producción del resultado a través de una pluralidad de comportamientos convergentes”, lo que configura un escenario de maltrato sistemático y desprotección.

Uno de los elementos centrales de la causa es el informe preliminar de la autopsia, que detectó lesiones traumáticas en la región craneal, incompatibles con una muerte natural o accidental y consistentes con violencia física de gran intensidad. A esto se suman testimonios de vecinos que relataron haber escuchado gritos del niño y presenciado episodios de conflicto en el hogar, incluyendo recriminaciones de la madre hacia su pareja por presuntas agresiones.

La denuncia también apunta contra funcionarios del sistema de protección de derechos y del fuero de familia, a quienes se les atribuye haber generado un contexto de vulnerabilidad que derivó en el desenlace fatal. Según la querella, existieron advertencias previas que no fueron atendidas: la restitución del niño a su madre biológica había sido rechazada en reiteradas oportunidades por considerarse un entorno inseguro.

Además, en febrero de 2026, durante una audiencia, el propio niño habría manifestado que su centro de vida estaba con su madre de crianza, Lorena Andrade, sin reconocer a Altamirano como su principal referente afectivo. Sin embargo, no se adoptaron medidas de protección. Un mes más tarde, una restricción perimetral impidió el contacto del niño con su familia paterna y su entorno de cuidado, dejándolo aislado con quienes hoy son señalados como sus presuntos agresores.

El abogado Castillo estableció un paralelo con el caso de Lucio Dupuy, al considerar que pudo haber fallas en la aplicación de la Ley 27.709, conocida como “Ley Lucio”, que establece lineamientos para la detección temprana de situaciones de violencia contra menores.

Finalmente, la querella fundamentó el pedido de detención en riesgos procesales concretos. Entre ellos, la presunta quema de prendas del niño el día del hecho para eliminar evidencia, y la existencia de un posible plan de fuga hacia la provincia de Misiones.

Mientras la comunidad de Comodoro Rivadavia continúa conmocionada, la Justicia deberá resolver en las próximas horas si hace lugar al pedido de detención, en un caso que vuelve a poner en debate la responsabilidad del Estado en la protección de la infancia.