Resulta indispensable incorporar la mirada científico-tecnológica a los distintos espacios gubernamentales en los que el litio aparece como protagonista. Una opción es crear una Comisión Nacional del Litio.

La historia de los zapatos importados de Europa, pero fabricados con cuero de vacunos nacidos y criados en campos argentinos, podría repetirse con el litio si no se tomaran algunas medidas políticas más enérgicas. Decisiones que no van a impedir que empresas privadas dejen de hacer negocios adecuados, pero que al menos podrán generar más riqueza, trabajo, respeto por el ambiente y desarrollo en la Argentina.

Por ejemplo, se promocionan autos eléctricos o híbridos diciendo que van a tener baterías con litio argentino. Pero ese litio después de extraerse en un salar andino salió del país para agregarle valor en el extranjero. Eso no responde al más elemental interés nacional.

En 2019 se constituyó en el Consejo Interuniversitario Nacional, el Foro de Especialistas de Litio que reúne a investigadores de más de treinta grupos de trabajo de universidades, Conicet, INTI, Conea, etc. Son equipos que se enfocan en temas relacionados con diversos abordajes desde las ciencias duras como la física, la química o la ingeniería hasta las ciencias sociales, las naturales o las económicas. Y que se reúnen para proponer las características mas oportunas para las políticas públicas.

Este Foro se ha expresado en distintas oportunidades, proponiendo, entre otros temas, incorporar la mirada científico – tecnológica a los distintos espacios gubernamentales en los que el litio aparece como protagonista: mesas de gobiernos provinciales, grupos de promoción de la electromovilidad y transición energética, equipos legislativos, y otros.

Entre los países del famoso triangulo del litio que compartimos con Chile y Bolivia en el sur de los Andes Centrales, sin dudas la diferencia a favor de nuestro país es la capacidad científica que poseemos en diversas instituciones.

El interés de YPF de incursionar en el mercado del litio nos marca un camino con enormes perspectivas. Esto completaría la cadena desde las sales que se producen como resultado de la minería hasta los productos que, finalmente, se incorporan a las celdas. Hasta no hace mucho estos procesos químicos representaban un cuello de botella tecnológico.

El anuncio, entonces, augura un futuro próximo en el cual podríamos manejar todas las tecnologías desde la exploración y explotación hasta la fabricación de celdas. Sin desdeñar otros usos no relacionados con la energía para los cuales también tenemos capacidades instaladas.

Hasta hoy se han presentado varias iniciativas legislativas importantes como las que buscan diferenciar al litio de otros minerales por su valor estratégico para la electromovilidad o la energía nuclear. Ya hace años que la provincia de Jujuy lo declaró recurso estratégico para el desarrollo económico. Lamentablemente el actual gobierno radical promovió la anulación del principal instrumento para hacer efectiva esa decisión. Se había creado un comité de expertos científicos que evaluaba los proyectos privados pudiendo recomendar correcciones para que incorporen mayor valor económico, ambiental, laboral, y tecnológico a las iniciativas empresarias. De todos modos, sigue en pie la exigencia de proveer a la industria nacional de un mínimo de sales de litio cuando ésta lo requiera.

Chile lo ha declarado estratégico hace largo tiempo por su valor en isótopos para el desarrollo nuclear, y de tal forma el gobierno puede ejercer el control y aplicar eventuales restricciones al comercio exterior de sales de litio. También ha generado una comisión nacional con destacados científicos para hacer un seguimiento desde de las variables tecnológicas hasta las de mercado.

Por su parte Bolivia, con las idas y vueltas que hemos observado posee definitivamente un mayor control estatal. Eso, sin dudas, estuvo íntimamente relacionado con el último golpe de estado alentado por empresas multinacionales y gobiernos interesados en acceder al litio sin condiciones. No tuvieron inconvenientes en declararlo públicamente.

Para nuestro país el Foro postula la creación de una Comisión Nacional del Litio, para que la comunidad científica pueda acompañar con sus conocimientos las decisiones que se tomen en los niveles políticos.

También es necesario señalar que la debida participación de las comunidades originarias, particularmente en la región andina, no termina de respetarse adecuadamente en todos los proyectos. En estos casos también las instituciones científico tecnológicas pueden actuar generando información confiable para una correcta participación y toma de posición de todas las organizaciones involucradas.

En relación a este último punto nuestro país podría ser pionero en establecer características ambientales exigibles para las tecnologías de extracción que se apliquen, sin esperar que, por ejemplo, la Unión Europea las imponga, por su lado, para las empresas que pretendan comercializar allí, productos de litio. En los hechos en Europa ya están avanzando en restricciones de acuerdo a los contextos ambientales en los cuales se produce la intervención en los espacios de origen del litio.

Sería muy oportuno también introducir cláusulas de cooperación y transferencia científica y tecnológica en los acuerdos, cartas intención, convenios, y contratos, que se celebran con empresas y gobiernos extranjeros que promueven inversiones relacionadas con el litio. Como decíamos al principio, si quieren acceder al recurso o otros eslabones de la cadena de valor, deberíamos ser más estrictos con las condiciones.

Así, una política más enérgica imponiendo condiciones para la explotación, para las características de enriquecimiento mínimo que deberían tener los productos exportables, el establecimiento de una comisión nacional con la participación de la comunidad científica, la incorporación de transferencia de tecnología en los acuerdos y la generación de conocimientos apropiados para la información de comunidades originarias, podrían empezar a perfilar una senda soberana en el aprovechamiento de un recurso clave.

(*) Rector de la Universidad Nacional de Jujuy y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).